Quito, 29 de abril de 2008.Boletín de Prensa No. 005
Mañana concluye el Encuentro Nacional “Agua, Energía y Derechos de los Pueblos”, que se lleva a cabo en el Salón de Actos Culturales de la Universidad Técnica de Manabí (Av. Universitaria, Portoviejo). Allí, a las 12h00, se llevará a cabo una rueda de prensa en la que participarán los asambleístas Mónica Chuji, Sofía Espín, María José Carrión y Marcos Martínez. También darán sus declaraciones los ponentes del encuentro como Monti Aguirre, de International Rivers, y John Wilson, de la Comisión de Energía de California.
A criterio de la asambleísta Chuji, este evento es un hito más en el recorrido de consagrar el derecho humano al agua en el Ecuador, a partir de criterios que se establecieron en la Declaratoria de Latacunga, el pasado 14 de febrero del 2008, en la cual, en torno a la problemática de este elemento, se expresaba que:
“Se reconoce que el Ecuador es un país con suficiente cantidad de agua, sin embargo no toda la población tiene acceso a este estratégico e importante recurso, tanto para la vida como para el desarrollo del país. Esto se debe al modelo extractivista de desarrollo que consagra relaciones de inequidad social, exclusión de pueblos y nacionalidades, así como la inadecuada gestión de los recursos hídricos y la falta de políticas claras desde el Estado”.
A partir de esta realidad, la Declaratoria incluye 16 principios y propuestas, entre ellos:
· El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público.
· El Estado y la sociedad ecuatorianas estarán comprometidos a preservar, acrecentar y mejorar los caudales ecológicos
· El "derecho al agua" es un derecho humano fundamental. El Estado Ecuatoriano reconocerá que tal derecho está caracterizado por la universalidad, la indivisibilidad, la integralidad, la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, la inalienabilidad, la inviolabilidad y la progresividad.
· El Estado garantizará el ejercicio de este derecho basado en un principio de equidad social, considerando un orden de prioridades (prelaciones): en primer lugar se debe asegurar el uso humano y el derecho a la vida de todos los seres vivientes.
· El Estado es el responsable directo de la administración y gestión pública de los recursos hídricos, y es el único que puede otorgar las autorizaciones de uso y aprovechamiento.
· La política nacional del agua debe tener un carácter integral, intersectorial, descentralizado, democrático y participativo. En este sentido, la autoridad nacional del agua deberá prever mecanismos.
Para ver la Declaratoria de Latacunga completa, visite http://www.camaren.org/article.php?sid=263.
Foto: Archivo FIAN Ecuador, 2007.
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