Foto: Archivo FIAN Ecuador, 2008. Niño en la zona de La Esperanza. Boletín de Prensa No. 004
“El derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida con dignidad humana. Este es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos”.
Comité sobre los Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU, 2002.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aunque en el 2005 el agua dulce a nivel mundial era suficiente para abastecer a unos 20 mil millones de personas, había inequidad en su distribución. La cantidad de agua en el planeta se ha mantenido constante, pero su demanda ha ido incrementándose proporcionalmente al aumento de la población “y en forma más notoria al incrementarse la actividad económica especialmente la agricultura, la industria y la producción de energía”.
La UNESCO prevé para el año 2025 que la población mundial se incrementará a 8.300 millones de personas y, de continuar con el ritmo de consumo actual de agua, para entonces dos de cada tres seres humanos en el mundo enfrentarían condiciones de vida difíciles por la escasez de agua o por su contaminación. En tiempos anteriores, cuando no había llegado a su límite la capacidad de auto-depuración de los ecosistemas, “los ríos diluían los desechos, la materia orgánica era oxidada y la inorgánica era disuelta o llevada cauce abajo, contribuyendo a la regeneración de los nutrientes”.
El agua contenida en América Latina representa el 26% de la existente en el planeta, con diferencias de distribución entre países y regiones. Cerca de 70 cuencas hidrológicas latinoamericanas son compartidas por dos o más países. El reto actual de nuestros gobiernos y sociedades es garantizar de manera equitativa el derecho humano al agua, planteando – entre muchos otros aspectos – cómo mejorar la gestión, administración y manejo de los recursos hídricos, en armonía con los distintos ecosistemas de cada cuenca.
Según el Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH), a marzo del 2007, del total del caudal concesionado de aguas en el Ecuador, el 55,29% fue entregado a hidroeléctricas; el 33,73%, para riego; el 6,23%, para uso doméstico; y el 4,02% para uso industrial. Esta asimetría ha generado no pocos conflictos en los meses recientes, puesto que las comunidades aledañas a ríos en los que se pretende construir grandes proyectos hidroeléctricos, plantean que sus derechos han sido o serían potencialmente vulnerados.
Por otra parte, las recientes inundaciones en nuestro país, las peores en una década, de las que no se han librado otros países de la región, hacen ver a las represas como la mejor solución, aspecto que puede ser sometido a debate desde varios puntos de vista: climático, técnico, económico, ambiental y humano. Según International Rivers, “reducir la vulnerabilidad de largo plazo a las inundaciones requiere un conjunto más sofisticado de técnicas – el “camino blando” de la gestión de riesgos por inundaciones, que tiene el objetivo de entender y adaptarse a las fuerzas de la naturaleza y colaborar con ellas”, puesto que ”supone que toda la infraestructura de protección contra las inundaciones puede fallar, y que se debe planificar para esta falla [...además de que] se basa sobre un entendimiento de que las inundaciones no son inherentemente malas – y que, de hecho, las inundaciones son procesos esenciales del ecosistema”.
Para abordar con mayor profundidad éstos y otros temas, los/as esperamos en el Encuentro Nacional “Agua, Energía y Derechos de los Pueblos”, que se iniciará mañana, en el Salón de Actos Culturales de la Universidad Técnica de Manabí (Av. Universitaria, Portoviejo).
Quito, 28 de abril de 2008.
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