La hidroelectricidad es considerada, generalmente, como una fuente de energía limpia; sin embargo, un análisis más minucioso de represas hidroeléctricas y multipropósito en diversas partes del mundo, como el realizado por la Comisión Mundial de Represas (CMR) en 2000, ha llevado a la conclusión de que “en demasiados casos, para obtener los beneficios planeados por las represas, se ha pagado un precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes fiscales y el medio ambiente.”
No obstante, las hidroeléctricas continúan formando parte de los planes de desarrollo de diversos países -entre los cuales se cuenta Ecuador y varios más de América Latina.
Esto, además de tratarse de un tema de interés nacional, trasciende como una cuestión polémica, e incluso conflictiva, para los pueblos y los gobiernos, pues según la CMR, “históricamente el debate sobre las represas ha cuestionado las perspectivas con las que las sociedades desarrollan y manejan sus recursos de agua, en el contexto más amplio de las alternativas del desarrollo”.
Por lo anterior, consideramos de vital importancia plantear como tema de análisis y discusión, la problemática que se genera alrededor de los proyectos hidroeléctricos. Pues, si bien para muchos sectores de la sociedad, éstos pueden ser significativos medios para el desarrollo, para otros, no son más que un símbolo de la destrucción ecológica, social y cultural de su territorio.
Lo anterior se comprueba con los datos producidos por la CMR, que demuestra que las grandes represas han ocasionado graves impactos ambientales y sociales, tales como la pérdida de bosques y de biodiversidad acuática y terrestre, pérdida que a la vez, ha causado erosión y sedimentación de los embalses, disminuyendo así su propio funcionamiento. Las represas además, han causado el desplazamiento forzado de entre 40 y 80 millones de personas alrededor del mundo, muchas de ellas sin indemnizaciones justas, padeciendo transgresiones a los derechos humanos e incluso violencia armada.
Las poblaciones afectadas por las represas se enfrentan además con nuevos riesgos de salud, pues los efectos del agua acumulada en los embalses pueden llegar a ser mortales, debido a la propagación de vectores infecciosos de enfermedades como la malaria o la hepatitis. Las comunidades residentes alrededor de la represa Daule-Peripa, son testigos de los padecimientos y limitaciones a la calidad de vida que estos grandes embalses producen: carencia de transporte, de clínicas y escuelas, proliferación de enfermedades relacionadas con el agua estancada, abandono gubernamental.
Éstos y otros impactos ambientales y sociales que se conocen de la Daule-Peripa y otras represas, han sido presentados como argumentos para hacerle frente a aquellos proyectos hidroeléctricos que, en el Ecuador, atentan contra los derechos humanos. Ejemplo de ello, es la lucha que se ha dado en la provincia de Los Ríos, desde hace cinco años, contra el Proyecto Multipropósito Baba, donde la población, nunca fue informada ni consultada.
Así, el reciente Mandato Del Movimiento Indígena y Campesino Del Ecuador realizado por las filiales de la CONAIE[1] y que exige –entre otras cosas- la revocatoria de todas las concesiones de agua, dadas para la producción de energía mediante proyectos hidroeléctricos y que hayan generado conflictos socioambientales -entre las cuales se menciona el Proyecto Baba y otros más[2] en Tungurahua, Bolívar, Pichincha, Los Ríos, Morona-Santiago, Manabi y Guayas- se suma a una lucha, ahora histórica, no en contra de las represas y el desarrollo, sino a favor de un desarrollo con justicia ambiental y social.
En este sentido, el contexto actual en el que la Asamblea Constituyente se ha abierto como un espacio político para decidir sobre el futuro de la nación, se hace urgente poner sobre la mesa, las diferentes perspectivas que se tienen respecto a la hidroelectricidad y otras formas de generación de energía. En este orden de ideas, el análisis sobre energía demanda tratar la cuestión de la planeación, basada en nuevas fuentes energéticas y tomando en consideración factores sociales, ambientales, económicos y financieros.
Se trata pues, de un momento histórico en el que es posible construir formas participativas, incluyentes y transparentes para la toma decisiones respecto al uso del agua y otros recursos naturales con que cuenta el Ecuador.
En este contexto, consideramos de vital importancia abrir un espacio de debate e intercambio de ideas y propuestas que permitan contribuir a construir un país más respetuoso de la naturaleza y de las personas.
Éstos y otros impactos ambientales y sociales que se conocen de la Daule-Peripa y otras represas, han sido presentados como argumentos para hacerle frente a aquellos proyectos hidroeléctricos que, en el Ecuador, atentan contra los derechos humanos. Ejemplo de ello, es la lucha que se ha dado en la provincia de Los Ríos, desde hace cinco años, contra el Proyecto Multipropósito Baba, donde la población, nunca fue informada ni consultada.
Así, el reciente Mandato Del Movimiento Indígena y Campesino Del Ecuador realizado por las filiales de la CONAIE[1] y que exige –entre otras cosas- la revocatoria de todas las concesiones de agua, dadas para la producción de energía mediante proyectos hidroeléctricos y que hayan generado conflictos socioambientales -entre las cuales se menciona el Proyecto Baba y otros más[2] en Tungurahua, Bolívar, Pichincha, Los Ríos, Morona-Santiago, Manabi y Guayas- se suma a una lucha, ahora histórica, no en contra de las represas y el desarrollo, sino a favor de un desarrollo con justicia ambiental y social.
En este sentido, el contexto actual en el que la Asamblea Constituyente se ha abierto como un espacio político para decidir sobre el futuro de la nación, se hace urgente poner sobre la mesa, las diferentes perspectivas que se tienen respecto a la hidroelectricidad y otras formas de generación de energía. En este orden de ideas, el análisis sobre energía demanda tratar la cuestión de la planeación, basada en nuevas fuentes energéticas y tomando en consideración factores sociales, ambientales, económicos y financieros.
Se trata pues, de un momento histórico en el que es posible construir formas participativas, incluyentes y transparentes para la toma decisiones respecto al uso del agua y otros recursos naturales con que cuenta el Ecuador.
En este contexto, consideramos de vital importancia abrir un espacio de debate e intercambio de ideas y propuestas que permitan contribuir a construir un país más respetuoso de la naturaleza y de las personas.
[1] Este Mandato fue entregado a la Asamblea Nacional Constituyente el día 14 de febrero del 2008 en Latacunga, provincia de Cotopaxi.
[2] Algunos de los proyectos que se mencionan son: Topo, San Francisco, en Tungurahua, San José del Tambo, Río Cristal en Bolívar, Abanico en Morona Santiago, Baba, Abras de Mantequilla; La Libertad, en los Ríos, Poza Honda y la Esperanza en Manabí, Pedro Carbo - Villao en Guayas
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