La soberanía alimentaria fue hoy el eje de la discusión en el foro, aunque la mayoría de personas que asistió al evento se sintió identificada con la propuesta desde las comunidades.
Nota No. 2
Pablo Cisneros, Subsecretario de Gestión Política Nacional, quien asistió al Encuentro Nacional “Agua, Energía y Derechos de los Pueblos” en reemplazo del Ministro Alecksey Mosquera, se encontraba poniendo la primera piedra del proyecto Coca-Codo Sinclair, manifestó que en la década del setenta hubo voluntad política de hacer grandes proyectos hidroeléctricos, mientras que en los ochenta llegó la ola de privatizaciones a América Latina. “Hemos llegado a un momento en que tenemos que coordinar, hacer uso de la voluntad política y del dinero privado”, expresó, “aquí lo que queremos es armonizar, coordinar el desarrollo con las necesidades sociales”.
En la jornada de este miércoles, la última del encuentro, se abordará casos específicos de conflictos en torno a hidroeléctricas en el territorio ecuatoriano. Se concluirá con una Declaración Final por parte de los asistentes.
Agregó que se ha elaborado una matriz energética para que el país se sobreponga de su adicción al petróleo, que consume el 10% del PIB del país por concepto de compra de derivados de petróleo, a diferencia del menos del 1% que se gasta en educación y expresó, a nombre del gobierno “queremos fomentar las energías renovables”.
Cisneros describió algunas medidas, como promover en el sector residencial focos ahorradores, que disminuyen el consumo de energía en “unos 150 MW (como una central de Agoyán)”, mientras que para el sector industrial se propuso “promover eficiencia energética como una ventaja competitiva con biodiesel”, y para el sector comercial y servicios públicos el uso de paneles solares y mejora de eficiencia.
Cisneros defendió la postura del gobierno diciendo “las cosas se están haciendo técnicamente bien, armónicamente bien.” Además señaló: “no estoy defendiendo el proyecto económico que se hizo en gobiernos anteriores, defiendo el que vivimos”
Sin embargo, para Milton Vargas, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “Cisneros habló de indicadores inexistentes que lo que buscan es impulsar el proyecto político, pero no el desarrollo de las comunidades”.
Humberto Cholango, de la Ecuarunari, expresó en torno a los movimientos sociales y las hidroeléctricas que se ha resistido “al neoliberalismo, al saqueo de los recursos naturales, a las políticas del BM y de FMI los que diseñaron las políticas mineras y petroleras en época del Sixto Durán Ballén”. Añadió que de las hidroeléctricas que están concesionadas, 119 son pequeñas y que están en manos de las empresas privadas (algunas de ellas mineras, florícolas), mientras que las tierras productivas de comunidades indígenas y campesinas están siendo afectadas por estos proyectos.
Cholango puntualizó “lo hemos dicho al Presidente de la República, no estamos en contra del desarrollo, sino de las concesiones que han hecho”. Cuando se va a construir las hidroeléctricas se concesiona el agua de otras comunidades y de otros fines, con lo cual “los campesinos aguas arriba no pueden hacer uso de esa agua”, con una duración desigual: para las empresas es por 50 años y para los campesinos por 10 años.
Nota No. 2
Pablo Cisneros, Subsecretario de Gestión Política Nacional, quien asistió al Encuentro Nacional “Agua, Energía y Derechos de los Pueblos” en reemplazo del Ministro Alecksey Mosquera, se encontraba poniendo la primera piedra del proyecto Coca-Codo Sinclair, manifestó que en la década del setenta hubo voluntad política de hacer grandes proyectos hidroeléctricos, mientras que en los ochenta llegó la ola de privatizaciones a América Latina. “Hemos llegado a un momento en que tenemos que coordinar, hacer uso de la voluntad política y del dinero privado”, expresó, “aquí lo que queremos es armonizar, coordinar el desarrollo con las necesidades sociales”.
En la jornada de este miércoles, la última del encuentro, se abordará casos específicos de conflictos en torno a hidroeléctricas en el territorio ecuatoriano. Se concluirá con una Declaración Final por parte de los asistentes.
Agregó que se ha elaborado una matriz energética para que el país se sobreponga de su adicción al petróleo, que consume el 10% del PIB del país por concepto de compra de derivados de petróleo, a diferencia del menos del 1% que se gasta en educación y expresó, a nombre del gobierno “queremos fomentar las energías renovables”.
Cisneros describió algunas medidas, como promover en el sector residencial focos ahorradores, que disminuyen el consumo de energía en “unos 150 MW (como una central de Agoyán)”, mientras que para el sector industrial se propuso “promover eficiencia energética como una ventaja competitiva con biodiesel”, y para el sector comercial y servicios públicos el uso de paneles solares y mejora de eficiencia.
Cisneros defendió la postura del gobierno diciendo “las cosas se están haciendo técnicamente bien, armónicamente bien.” Además señaló: “no estoy defendiendo el proyecto económico que se hizo en gobiernos anteriores, defiendo el que vivimos”
Sin embargo, para Milton Vargas, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “Cisneros habló de indicadores inexistentes que lo que buscan es impulsar el proyecto político, pero no el desarrollo de las comunidades”.
Humberto Cholango, de la Ecuarunari, expresó en torno a los movimientos sociales y las hidroeléctricas que se ha resistido “al neoliberalismo, al saqueo de los recursos naturales, a las políticas del BM y de FMI los que diseñaron las políticas mineras y petroleras en época del Sixto Durán Ballén”. Añadió que de las hidroeléctricas que están concesionadas, 119 son pequeñas y que están en manos de las empresas privadas (algunas de ellas mineras, florícolas), mientras que las tierras productivas de comunidades indígenas y campesinas están siendo afectadas por estos proyectos.
Cholango puntualizó “lo hemos dicho al Presidente de la República, no estamos en contra del desarrollo, sino de las concesiones que han hecho”. Cuando se va a construir las hidroeléctricas se concesiona el agua de otras comunidades y de otros fines, con lo cual “los campesinos aguas arriba no pueden hacer uso de esa agua”, con una duración desigual: para las empresas es por 50 años y para los campesinos por 10 años.
(GR/LC/CM)
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