CONSIDERAMOS:
- Que el actual modelo de desarrollo neoliberal es extractivista y depredador del patrimonio natural, sectorizado, excluyente, neocolonial, impuesto y no incluye la cosmovisión de desarrollo de cada uno de las nacionalidades, pueblos y comunidades que hacen parte de este país, que ha provocado pobreza, desempleo, hambre y muerte.
- Que la democracia ejercida hasta la fecha no ha sido representativa, es vertical, hegemónica, excluyente y beneficia únicamente a grupos de poder político y económico.
- Que dados los hechos históricos de inequidad, desplazamiento y exterminio que han sufrido y sufren las nacionalidades, pueblos y comunidades por la ejecución de proyectos mal planificados, mal ejecutados, inconsultos y manipulados, como los proyectos hidroeléctricos y de propósito múltiple, como Daule Peripa, La Esperanza, Poza Honda, Baba, entre otros, han favorecido a grupos de poder económico en desmedro del interés nacional.
- Que el agua es un derecho humano fundamental, intransferible y un recurso estratégico, un patrimonio natural de todos los ecuatorianos y ecuatorianas; se debe garantizar la protección, manejo y la recuperación de este recurso, de responsabilidad compartida y las comunidades entendido también como parte esencial de la vida de los pueblos indígenas y campesinos y del resto de los ecuatorianos y ecuatorianas.
EXIGIMOS:
- Que la Asamblea Nacional Constituyente incorpore el derecho al consentimiento libre, informado y previo de las nacionalidades y pueblos, así como de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos (hidroelectricidad, petróleo, minería, etc.),
Que se reconozca el principio de la soberanía energética, entendiendo como tal, la libertad de decidir cómo desarrollamos los procesos energéticos, basados en la generación de energías renovables, limpias, ambientalmente sostenibles, respetuosas de los derechos colectivos y de la Naturaleza. - Que el modelo de desarrollo tome como base los principios de justicia, equidad, soberanía, participación, solidaridad y reciprocidad, basado en procesos productivos sostenibles y del buen vivir, y no obedezca únicamente al incremento de la oferta eléctrica sino a la reducción de los niveles de demanda, fundamentados en un uso eficiente de la energía. La potencia instalada excedente puede ser utilizada para otros fines de desarrollo social.
- Que sea política de Estado el establecimiento de reglas y estándares de eficiencia energética, que incluyan una normativa para la importación y fabricación de dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y de transporte motorizado que cumplan con criterios ambientales y de eficiencia energética. El Estado deberá garantizar la implementación del etiquetado energético.
- Que el Estado garantice que la solución electro energética no provenga únicamente de la hidroelectricidad, sino también de la eficiencia y diversidad de fuentes de energías alternativas como la geotérmica, solar, eólica y biomasa.
- Que se considere que la energía geotérmica con tan solo 3 proyectos alcanzaría 534 MW y podría reemplazar en gran parte a una generación termoeléctrica que es más costosa para el país.
- Que se reconozca la importancia de las cuencas hidrográficas (zonas ribereñas, humedales, planicies de inundación, páramos, etc.) en su diversidad, unicidad y función, así como la implementación de un plan de manejo ambiental y de conservación de estas cuencas.
- Que se reconozca la relevancia del manejo integrado de las cuencas hidrográficas y la necesidad de la aplicación de alternativas de manejo sostenibles para mantener la salud y preservación de los ecosistemas hidrográficos en cogestión y participación directa de las comunidades de esas cuencas.
- Que se suspenda definitivamente la ejecución de los proyectos hidroeléctricos que están causando conflictos (como BABA en la provincia de Los Ríos y de Los Tsáchilas, HIDROABANICO en Morona Santiago, HIDROTAMBO en Bolívar, ANGAMARCA en Cotopaxi, etc.).
- Que se anulen las concesiones otorgadas para proyectos en marcha (POZA HONDA y ESPERANZA en Manabí, que a través de Manageneración se concesionó a favor de La Fabril por parte de la CRM).
- Que el Estado garantice la educación ambiental elemental en todos los niveles.
- Que se cumpla inmediatamente la remediación integral que incluya acceso a la educación en todos los niveles, salud, vialidad y servicios básicos a las comunidades afectadas en Daule Peripa, La Esperanza y Poza Honda, entre otras.
- Que se derogue el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto 1040), por no incorporar la consulta previa considerada en la Constitución vigente desde 1998, en el Convenio 169 de la OIT y el consentimiento libre previo e informado previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En Portoviejo, a los 30 días del mes de abril del 2008.
- ECUARUNARI
- CNC ELOY ALFARO
- FENACLE
- CORDENAGUA
- CONFENIAE
- FENOCIN
- FOTAENA
- UOCQ
- ATAM
- FOCCAHL
- MICC
- UPOCAM
- COPOCCAR
- Centro Agrícola de Quevedo
- Centro Agrícola de Valencia
- Centro Agrícola de Buena Fe
- Coordinadora Campesina de Manabí
- Federación de Asociaciones Campesinas Simón Bolívar
- Federación de Pueblos de Pichincha (FPP)
- Federación de Pueblos de la Sierra Norte del Ecuador (FICI)
- Parlamento de los Pueblos del Ecuador
- Asociación de Trabajadores Luz y Vida
- Frente Che Vive
- Asamblea Ciudadana de Manabí
- FECAB BRUNARI
- Comité Biprovincial Contra la Construcción del Proyecto Baba
FIAN
FUNDACION PACHAMAMA
FUNDACION HEIFER
CDES
Intermón-Oxfam
Foro de los Recursos Hídricos
Participación Ciudadana Ecuador
ODG
UBV
PIDHDD
Internacional Rivers
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